Honduras, un país rico en biodiversidad y recursos naturales, es también tristemente conocido por la violencia contra quienes se atreven a defender su entorno. A pesar de contar con selvas tropicales, montañas y una costa privilegiada, la protección de estos ecosistemas ha puesto en riesgo la vida de los activistas que se oponen a la explotación desmedida.
Según la organización Global Witness, entre 2012 y 2023 documentaron 149 asesinatos de ambientalistas, una cifra alarmante que ubica al país como uno de los más peligrosos del mundo para los defensores de la tierra.
El 49% de estos casos permanece sin resolver, lo que evidencia la falla del Estado para garantizar justicia y protección a quienes dedican su vida a la conservación de los recursos naturales. El 2023 fue trágico, pues a lo largo del año se reportaron 18 crímenes contra activistas ambientalistas, es decir, una muerte cada 20 días.
Juan López y su lucha contra el “Monstruo de Siete Cabezas”
El asesinato de Juan López, defensor del medio ambiente y regidor de Tocoa, Colón, sacudió a Honduras el 14 de septiembre de 2024, tras una celebración religiosa. Su defensa de los territorios contra los megaproyectos mineros en el río Guapinol lo convirtió en un líder comunitario y un blanco de amenazas.
Esa noche, sujetos armados se acercaron a López y le dispararon varias veces, terminando con su vida. Desde 2023, había recibido medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debido a las constantes amenazas por su activismo ambiental.
López era un firme opositor del proyecto «Monstruo de Siete Cabezas», que incluye la construcción de minas, una planta termoeléctrica y pozos de agua en áreas protegidas, poniendo en riesgo el río Guapinol y las comunidades cercanas. Su lucha se intensificó cuando exigió la renuncia del alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, a quien acusó de vínculos con el narcotráfico, según evidencias de videos de Insight Crime.
El asesinato de López conmocionó a su comunidad, generando condenas por parte de la Iglesia y organizaciones de derechos humanos. En una homilía, el sacerdote Carlos Orellana lo describió como una «piedra en el zapato» para la administración local, acusando a Fúnez y su círculo cercano de estar detrás de su muerte. Este crimen resalta la grave situación de violencia que enfrentan los defensores del medio ambiente en Honduras, donde la impunidad sigue siendo la norma.
La voz de los que aún luchan
La muerte de Juan López ha provocado una ola de reacciones. Rosalina Argueta, ambientalista hondureña de la Fundación Islas de la Bahía, compartió su experiencia en la lucha por la protección del medio ambiente: “Ser ambientalista en Honduras implica enfrentar enormes riesgos. No solo lidiamos con la violencia de grupos criminales, sino también con la represión estatal y campañas de difamación. Sin embargo, nuestra lucha es fundamental para las comunidades locales que dependen de estos ecosistemas. A pesar de todo, seguimos adelante, porque la biodiversidad y los recursos naturales que defendemos son esenciales para la vida de todos.”
Ariel Montoya, miembro de la Comisión de Ambiente del Congreso Nacional, expresó su profunda preocupación: “Estamos consternados por este acto macabro. El Estado tiene la obligación de esclarecer los hechos y hacer justicia real.” Sin embargo, a pesar de estas declaraciones, los avances en los casos de asesinatos de ambientalistas son escasos, y la impunidad sigue siendo la norma.
El fiscal general, Johel Zelaya, se comprometió a investigar a fondo el asesinato de López: “No nos vamos a dejar llevar por redes sociales ni discursos, vamos a investigar y vamos a llegar al verdadero criminal”, aunque muchos dudan de que un sistema judicial plagado de corrupción logre identificar y castigar a los responsables.
La recompensa de 500,000 lempiras ofrecida por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad a quien proporcione información sobre el crimen de López parece un intento desesperado por mostrar acción, pero la desconfianza entre la población sigue siendo alta.
Criminalización de los defensores del medio ambiente
Uno de los principales obstáculos que enfrentan los activistas hondureños es la criminalización de sus actividades a través de leyes que, en teoría, buscan combatir el crimen organizado. La Ley Antiterrorismo (Decreto No. 241-2010) ha sido empleada para acusar a los defensores de llevar a cabo actos de sabotaje o terrorismo cuando organizan protestas pacíficas.
Asimismo, el cargo de «asociación ilícita», diseñado originalmente para perseguir a grupos criminales, se ha utilizado en contra de movimientos ambientalistas, estigmatizando sus luchas.
Por otro lado, la Ley de Minería (Decreto No. 238-2012) concede a las empresas extractivas derechos sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Aquellos defensores que protestan contra estas concesiones a menudo enfrentan cargos penales, lo que dificulta su labor y los convierte en blanco de campañas de difamación promovidas por sectores económicos interesados en estos proyectos.
En Honduras, los defensores del medio ambiente continúan luchando en un terreno hostil, donde sus vidas corren peligro diariamente. La combinación de violencia, impunidad y criminalización los coloca en un estado de indefensión perpetua.
Las promesas del gobierno, hasta ahora, no han sido suficientes para revertir esta realidad. Si el Estado hondureño no toma medidas decisivas para proteger a quienes defienden sus recursos naturales, el país seguirá siendo un campo de batalla en el que la naturaleza y quienes la protegen pagan el precio más alto.
Redactado por Chris Ponce