Los ambientalistas afrontan riesgos y vulnerabilidad por entidades dispuestos a atentar contra la vida de los defensores del medio ambiente en Honduras
Foto cortesía: COPINH
El ambientalista, Juan López murió en su vehículo el pasado 14 de septiembre por un grupo de sicarios que le propiciaron múltiples impactos de bala en Honduras.
El hecho se registró frente a la iglesia en la colonia Fabio Ochoa ubicada en el ubicada en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, cuando López salía de las instalaciones.
“Sujetos armados llegaron hasta su vehículo y sin mediar palabra le dispararon quitándole la vida casi de inmediato. Lo que exigimos es que se dé con los autores tanto materiales como intelectuales” imperiosamente reclamó un familiar.
El ambientalista defensor de los Derechos Humanos y coordinador del Comité de los Bienes Comunes y Públicos del Municipio de Tocoa, Colón estaba luchando por la protección de los bosques y su rechazo a la explotación minera.
Defensores de los DD.HH responsabilizan al gobierno por el crimen de Juan por no garantizar su vida, pese que contaba con la protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las amenazas contra su vida que recibía siendo en líder protestante contra la minería a cielo abierto.
La vulnerabilidad del activismo ambientalista
La defensa por las tierras y el medio ambiente es uno de los activismos más vulnerables y riesgosos en el mundo. En 2023 se registraron al menos 196 personas ambientalistas a nivel mundial, según un informe publicado por Global Witness.
Las alarmantes estadísticas comparativas indican que las nuevas cifras se elevan a 2.106 el total de homicidios de individuos defensores entre 2012 y 2023.
Entre los países con más tasa de vulnerabilidad y riesgos para los ambientalistas, por cada año consecutivo, Colombia se encuentra como el más peligrosos con 79, seguido de Brasil con 25, y México y Honduras con un repunte de 18 crímenes en 2023.
En Honduras, según las investigaciones de la ONG Global Witness se contabilizó que el año pasado hubo una muerte cada 20 días. No obstante, al calcular la tasa por cada millón de habitantes, el país aparece como la región que cuenta con más defensores de ecosistemas ambientales.
Entre 2012 y 2024 hubo 15.5 muertes por cada millón de hondureños, mientras que en 2023 la tasa fue de 1.8 muertes por cada millón.
Ante el caso del ambientalista oriundo de Tocoa, la directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu), Dina Meza condenó la el rol de las autoridades hondureñas «la justicia no está funcionando, por eso tenemos este montón de casos en impunidad porque no se enjuicia a los responsables, no se lleva a cabo una investigación y el Ministerio Público no está haciendo su trabajo».
Leyes contra defensores en Honduras
- Ley de Secretos Comerciales: restringe el acceso a información pública.
- Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos: existen deficiencias en su implementación y en ocasiones se ha utilizado para silenciar a los críticos
- Aumento de la represión policial: Durante manifestaciones, los activistas han sido objeto de detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y hostigamiento
- Calumnias y campañas de desprestigio: enfrentan campañas de difamación, acusados de ser terroristas o enemigos del estado, lo que contribuye a la estigmatización y aislamiento.
- Ley de ONG: restringe a las organizaciones ONGs, dificultando su financiamiento y operación, lo que afecta directamente la labor de los activistas.
- Judicialización de la protesta: se ejecutan cargos penales contra líderes sociales por su participación en movilizaciones.
- Desplazamiento forzado: forzados a abandonar el país por amenazas y violencia.
- Ley de violencia política: Es utilizada para criminalizar a quienes se oponen al régimen.
El crimen del ambientalista ha causado diversas reacciones de consternación e impotencia por la vulnerabilidad que afrontan a diario los defensores ambientales en Honduras.
La periodista y defensora de los Derechos Humanos, Ana Lozano, describió en exclusiva entrevista «es intolerante que los casos como el de Juan López sigan en aumento y las autoridades hondureñas no ejecuten su correctamente su rol en el país».
«El activismo ambiental se encuentra en un punto sensible que afecta a todos los ciudadanos, en especial pone en riesgo no solo a los defensores sino también a los familiares y conocidos del entorno» señaló Lozano.
Pese a las dificultades para la conservación del medio ambiente se siguen sumando generaciones de ambientalistas dispuestos a afrontar todo riesgo.