El Ministerio Público investiga casos de corrupción en el Congreso con el decomiso de documentos y la detención de asesores, mientras se indagan irregularidades en fondos públicos
Honduras. El Ministerio Público (MP) ha intensificado una investigación sobre presuntos actos de corrupción en el Congreso Nacional, con la incautación de documentos clave en la sede legislativa el 28 de noviembre.
«He ordenado ingresar a las instalaciones del Congreso Nacional para el secuestro de documentación relevante vinculada a casos de corrupción gestados en ese poder del Estado», anunció el fiscal general Johel Zelaya en su cuenta de X, sin revelar detalles sobre los implicados.
El operativo incluyó la detención de Adán Tomé, asesor del presidente del Congreso, Luis Redondo, y tres miembros de la seguridad, quienes fueron arrestados por obstruir el trabajo de los investigadores de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), aunque luego fueron liberados.
Luis Redondo, quien asumió la presidencia del Congreso en 2022, respondió a las acusaciones en un mensaje en X, asegurando que entregará «toda la información que esté en el Congreso» para «erradicar la corrupción de raíz». Pese a las declaraciones, el MP se ha mostrado cauteloso y ha evitado hacer públicos los detalles de las investigaciones.
El diputado Bartolo Fuentes, del partido Libertad y Refundación (Libre), confirmó que la Fiscalía está investigando 34 casos de corrupción que involucran a diputados de administraciones pasadas (2014-2018 y 2018-2022), principalmente del Partido Nacional (PN) y Partido Liberal (PL).
Asimismo, el Ministerio Público abrió cuatro líneas de investigación, una de ellas conocida como «Subvenciones», centrada en la entrega de dinero a los diputados para proyectos sociales que no han sido debidamente liquidados, sospechando que este mecanismo fue utilizado para desviar fondos públicos.
La reactivación de estas investigaciones está vinculada también al Fondo Departamental, un programa de distribución de fondos gestionado por el exdiputado Mauricio Oliva, y que ha sido criticado por su opacidad.
En este contexto la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco) señaló que diversas organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles también están bajo investigación, ya que se sospecha que fueron utilizadas por los diputados para gestionar proyectos que en realidad habrían sido financiados con dinero público.
Carlos Moncada
Estudiante – Licenciatura en Periodismo
Ministerio Público, Corrupción, Congreso