El vínculo entre la política hondureña y el narcotráfico se fortaleció cuando el excongresista hondureño Midence Oquelí Martínez Turcios fue extraditado a Estados Unidos en 2023 tras declararse culpable de conspiración para cometer narcotráfico.
Su anuncio podría exponer una red más amplia y tener consecuencias legales para otros políticos vinculados a Los Cachiros, uno de los cárteles más poderosos del país. Martínez estaba prófugo desde 2018 y fue arrestado en Colonia en 2022.
Su juicio está previsto para marzo de 2025 y es probable que revele más pruebas de corrupción y vínculos entre el crimen organizado y el sistema político.
La extradición y el juicio de Martínez reflejan la presión sobre las autoridades estadounidenses para que desmantelen las redes de narcotráfico en Centroamérica.
Desde 2014, más de 37 hondureños, entre políticos y empresarios, han sido extraditados, lo que demuestra cómo el narcotráfico se ha extendido a todos los sectores del país.
Casos donde personas como Fredy Nájera y Tony Hernández fueron condenados en Estados Unidos. En Estados Unidos, estos precedentes refuerzan las acusaciones de colusión institucional. Esto plantea dudas sobre la efectividad del sistema legal hondureño para prevenir y castigar estos crímenes dentro de su territorio.
El caso contra Martínez se ha centrado no solo en el exdiputado, sino también en otras figuras políticas presuntamente involucradas. Los documentos judiciales muestran que el caso podría implicar al ex presidente Manuel Zelaya y a miembros del actual gobierno, y es probable que el tema ocupe un lugar destacado en la agenda política de Honduras en los próximos meses.
Por: Fredy Amador