Los ambientalistas en Honduras son los ciudadanos a los que se les vulneran los derechos, llegando al punto que muchas veces sus derechos son violentados. Llegando al punto que muchos de estos son asesinados, quedando impunes los involucrados en estos casos.
Los derechos son algo de todos los ambientalistas
Hoy en día Honduras ha sido testigo de cómo muchos defensores de los derechos ambientalistas son asesinados a sangre fría. Quedando en su totalidad impunes los casos, debido a que no se le da una investigación y seguimiento a los casos.
En los últimos años, la tasa de homicidios hacia los defensores y los derechos humanos y ambientalistas ha aumentado preocupantemente. Debido a que desde el 2022 a 2024 se registró un total de más de 30 casos de asesinato a este grupo de personas.
Entre los afectados se encuentran defensores de los pueblos originarios, la tierra, los territorios, así como defensores del ambiente que murieron violentamente.
Durante este mismo periodo, una decena de departamentos del país fueron escenario de la muerte de defensores de la tierra, del territorio, de los pueblos originarios y del ambiente. Sin embargo, alrededor del 79 % de los casos se registra en los departamentos de Colón, Atlántida y Yoro.
Lo que es preocupante, debido a que estos son los lugares donde se han presentado más lugares para defender por parte de los ambientalistas.
Lo más reciente
El caso más resiente que ha sido uno de los más hablados, casi al punto de compararlos con la muerte violenta de Berta Caceres, en 2016, el asesinato de Juan López, ambientalista, defensor medioambiental y coordinador del Comité Municipal de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT).
Además del rol de concejal en el municipio de Tocoa, Juan López se destacó por su labor de defensa de los ríos Guapinol y San Pedro y del Parque Nacional Montaña de Botaderos, y por su oposición al megaproyecto extractivo de Emco Holdings.
El 14 de septiembre de 2024, en horas de la noche, Juan López estaba saliendo de la iglesia de la colonia Fabio Ochoa, en Tocoa, en su automóvil, cuando personas no identificadas le dispararon con un arma de fuego, quitándole la vida en el momento.
Posteriormente a la muerte del ambientalista el CONADEH recomendó, al estado de Honduras, realizar una investigación oportuna, independiente, imparcial y exhaustiva, además, que se tome en cuenta, en todo momento, los más altos estándares internacionales relativos a la debida diligencia en las investigaciones de violaciones a los derechos humanos.
Reacciones de expertos en el tema
Hasta la fecha, muchos expertos en tema se han manifestado con respecto a lo pasado con Juan López. Entre ellos se encuentra la opinión de Yohani Barahona, miembra activa del grupo activista «Red Hondureño por Escazu», en la ciudad de Tegucigalpa.
En la zona de Tatumbla como representante en juntas, dicha red para que se aprueben las investigaciones de los atentados en ambientalistas de Honduras y sus muertes no queden impunes.
«El gobierno debe tener influencia sobre la protección de los ambientalistas, es verdad, ya que los ambientalistas están enfocados en la protección de recursos naturales. En Honduras, uno de los casos más hablados es el caso de Berta Caseres, donde ella influenció bastante en la protección de un proyecto que se iba a construir agua sarcá».
«Bueno, ella sufrió un atentado y al día de hoy no se ha obtenido algún tipo de seguimiento al caso asesinado». Por lo cual ha surgido el acuerdo de «Escazu». En donde está por implementarse la recolecta de firmas para poder gestionar lo que es la justicia ambiental y de esta manera tener acceso a la información ambiental». Comentó Barahona.
Otra reacción que se tuvo presente fue la del abogado Carlos Cerrato, quien comentó. Varios reglamentos a nivel nacional e internacional protegen a los ambientalistas y a cualquier defensor de estos temas.
«Por lo tanto, estos derechos, que incluyen la libertad de expresión, el derecho a la participación pública en decisiones ambientales y el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado, no se limitan a personas jurídicas, es decir. Personas con altos cargos, como personas no jurídicas o políticas. Esto no quiere decir que estén por encima de la ley» expresó Cerrato.
Siendo así un tema de amplio criterio, debido a lo complejo que es, y como se trata de hacer que los derechos de los ambientalistas se cumplan y respeten. En dado caso de que no sea así, se espera una investigación al respecto, y que no simplemente deje en el olvido.
Además de destacar que una de las leyes que criminaliza a los ambientalistas son las leyes de terrorismo. Debido a que muchos empresarios denuncian a este grupo de personas debido a que se estiman y que impiden el desarrollo de muchos lugares con la protección del ambiente.
Aldo T. Andrade.