La deforestación, depredación y explotación irracional de los recursos naturales , han hecho de Honduras un país muy vulnerable con graves impactos y riesgos en la vida de los ambientalistas que se oponen al abuso desmedido en el manejo de estos recursos.
En el año 2023, la ONG Global Witness registró 196 casos documentados de personas defensoras asesinadas por ejercer su derecho a proteger sus tierras y el medioambiente, aunque es probable que el número real de casos sea mayor.
«Honduras resultó ser el país con más asesinatos per cápita en 2023», señala el informe Voces silenciadas: la violencia contra las personas defensoras de la tierra y el medioambiente’.
Lamentablemente, el asesinato sigue siendo una estrategia habitual para silenciar a las personas defensoras, y sin ninguna duda, la más cruel y brutal.
Las agresiones con consecuencias mortales suelen producirse paralelamente a otras represalias generalizadas contra el activismo ambiental: actos de violencia, intimidación, campañas de desprestigio y criminalización organizadas por gobiernos, empresas y otros agentes no estatales. Esta circunstancia se da en todas las regiones del mundo y en casi todos los sectores.
Desde la aprobación, el 12 de diciembre de 2015, del Acuerdo de París sobre el cambio climático, han muerto asesinadas más de 1.500 personas que defendían sus tierras y el medioambiente.
América Latina registra sistemáticamente el mayor número de asesinatos documentados de personas defensoras de la tierra y el medioambiente: en 2023, el 85 % de todos los casos.
La historia de Juan López
Juan López nació el 24 de enero de 1978; fue un defensor de la tierra y regidor de Tocoa, Colón, Honduras, además coordinador de la Pastoral Social de la Diócesis de Trujillo y miembro del Consejo Apostólico Nacional de la Compañía de Jesús en Honduras.
Juan se destacó por ser un gran defensor de las áreas naturales, oponiéndose completamente al proyecto minero en el río Guapinol. Mantuvo una batalla constante en contra del megaproyecto de Tocoa, llamado «Monstruo de Siete Cabezas».
Este proyecto contiene una serie de instalaciones problemáticas para el medio ambiente, como dos minas de óxido de hierro construidas en un espacio protegido, la termoeléctrica que menguará de manera dramática el caudal del río Guapinol, una planta peletizadora, y tres pozos de agua.
El asesinato del ambientalista Juan López fue el 14 de septiembre de 2024, en horas de la noche, López estaba saliendo de la iglesia de la colonia Fabio Ochoa, en Tocoa, en su automóvil, cuando personas no identificadas le dispararon con un arma de fuego.
Él sabía que su vida corría peligro por su lucha en favor de la protección de los bosques y el rechazo a la explotación minera. «Si uno sale de su casa, siempre tiene en mente que no sabe qué le puede pasar y si puede volver a su casa, y si puede volver a ver a la familia», afirmó López en noviembre de 2021 durante una entrevista con la AFP.
Las principales hipótesis de asesinato surgieron tras que Juan López se sumará a la solicitud de despido del actual alcalde de Tocoa, Adán Fúnez. No obstante, también se relacionan las amenazas de muerte de forma continua.
Reacciones tras la muerte de López
En una entrevista exclusiva, la abogada Andrea Avila exclamó: «Es lamentable presenciar estos hechos tan injustos y que queden impunes. Estaremos trabajando arduamente para que se haga justicia por la vida de Juan López y todos los ambientalistas que han sido reprimidos y amenazados».
La coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, Bertha Oliva, destacó que López «era un ser humano extraordinario, un hombre de pueblo que dio su vida por su pueblo».
«Era un intelectual popular, era un compañero comprometido con los cambios sociales, la defensa de los bienes comunes», dijo a la AFP el abogado y defensor de derechos humanos Joaquín Mejía, su compañero en las luchas por la preservación del río Guapinol.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, expresó su enérgica condena el pasado domingo por el «terrible» asesinato del ambientalista y concejal Juan López. Castro instó a las autoridades a llevar a cabo una investigación rigurosa y urgente para esclarecer este crimen.
El uso de la ley como herramienta de control en Honduras
Defender los recursos naturales en Honduras no es tarea fácil. El país es uno de los más peligrosos del mundo para los defensores del medio ambiente que trabajan para proteger la tierra y otros recursos naturales.
Honduras tiene una larga y turbulenta historia de explotación medioambiental y corrupción que ha llevado al establecimiento de mecanismos internacionales de investigación.
Hace siete años, Berta Cáceres, reconocida defensora de los derechos humanos y líder indígena lenca, fue asesinada por hacer campaña contra la construcción de una presa hidroeléctrica en el río Gualcarque, en la comunidad de Río Blanco, al oeste de Honduras.
La Ley de Minería otorga a las empresas extractivas derechos sobre territorios indígenas y áreas protegidas, lo que agrava la situación. Aquellos que se oponen a estas concesiones se ven expuestos a acusaciones penales.
A pesar de este contexto, Honduras aún no ha firmado el Acuerdo de Escazú, el primer tratado regional sobre medio ambiente de América Latina y el Caribe. Su objetivo es establecer nuevos estándares de protección del medio ambiente y los derechos humanos que garanticen el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en cuestiones medioambientales en la región, incluida la protección de las personas defensoras del medio ambiente.
Escrito por: Emely Bonilla