Defender el medio ambiente en Honduras, una sentencia de muerte, según organizaciones
Los activistas que luchan por proteger estos ecosistemas a menudo se convierten en blanco de agresiones, enfrentando amenazas constantes por parte de intereses económicos que buscan explotar los recursos del país.
Según el departamento de organización Global Witness, entre 2012 y 2024 se documentaron 149 asesinatos de ambientalistas en Honduras, una cifra alarmante que posiciona al país como uno de los más peligrosos del mundo para los defensores de la tierra. Esta violencia sistemática no solo pone en riesgo la vida de los activistas, sino que también amenaza la biodiversidad y los ecosistemas vitales del país.
En Honduras, el 49% de los asesinatos de ambientalistas permanece sin resolver, lo que evidencia la grave falla del Estado para garantizar justicia y protección a quienes dedican su vida a la conservación de los recursos naturales. El año 2023 fue especialmente trágico, con 18 crímenes reportados contra activistas ambientales, lo que equivale a una muerte cada 20 días.
El Fallecimiento de Juan López, el defensor ambiental hondureño
El asesinato de Juan López es un trágico recordatorio de los riesgos que enfrentan los defensores del medio ambiente en Honduras. Su compromiso con la protección del río Guapinol y su oposición a los megaproyectos mineros lo convirtieron en un líder valiente, pero también en un objetivo vulnerable para quienes buscan silenciar la resistencia.
Tras el ataque de sujetos armados, ha sacudido a su comunidad y resaltado la grave problemática de la violencia contra los activistas en el país. La conexión entre su asesinato y el alcalde Adán Fúnez, acusado de vínculos con el narcotráfico, añade una capa de complejidad a un caso que, como muchos otros, se enfrenta al espectro de la impunidad.
La preocupación por la efectividad de la investigación es válida, especialmente considerando el historial de crímenes contra defensores ambientales que han quedado sin resolver. Sin un compromiso real y sostenido para abordar la corrupción y proteger a quienes luchan por el medio ambiente, las promesas pueden verse como meras palabras vacías.
Es crucial que la comunidad, organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil continúen presionando para que se lleve a cabo una investigación transparente y se castigue a los responsables. La presión externa puede ser un factor determinante para que el sistema judicial actúe de manera efectiva y honesta. La lucha por la justicia en Honduras es también una lucha por la protección de la vida y el medio ambiente, y el caso de Juan López es un recordatorio de que este esfuerzo no debe cesar.
La oposición de Juan López al proyecto «Monstruo de Siete Cabezas» subraya los peligros que enfrentan aquellos que defienden sus territorios en Honduras. Su activismo, que no solo abarcó la protección del río Guapinol, sino también la denuncia de la corrupción y los vínculos del alcalde Adán Fúnez con el narcotráfico, lo convirtió en un líder indiscutible y, lamentablemente, en un blanco para la violencia.
La condena generalizada por su asesinato, incluida la respuesta de la Iglesia y organizaciones de derechos humanos, subraya la necesidad de una acción urgente. Este crimen no solo es un ataque a un individuo, sino un ataque a la lucha por la justicia ambiental y la protección de los recursos naturales de Honduras.
El impacto de su asesinato ha resonado profundamente en su comunidad, generando un clamor por justicia y una reflexión sobre la situación crítica de los defensores ambientales. Las condenas de la Iglesia y de organizaciones de derechos humanos resaltan la importancia de su labor y el riesgo que corren aquellos que se levantan en contra de la explotación de recursos naturales.
Reacciones de las autoridades sobre el deceso del ambientalista
Donald Hernández, director de Cehprodec y conocido activista de derechos humanos, afirmó su comparaciòn en el asesinato de Juan Antonio López con el de Berta Cáceres aclaró lo siguiente «Honduras, tristemente conocido como uno de los países más peligrosos del mundo para quienes defienden la naturaleza y los derechos humanos, ha perdido a otro de sus valientes líderes», denuncia el comunicado de Asonog, red integrada por algunos socios locales de Manos Unidas en el país.
Raquel Carballo, responsable de proyectos de manos unidas en Honduras declaró sus palabras sobre lo sucedido: «Desde hace más de 30 años, nuestro trabajo en Honduras se fundamenta en el acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil para la puesta en marcha de programas de desarrollo enfocados en la soberanía alimentaria, la protección del medio ambiente y los pueblos indígenas, y la defensa de los derechos humanos y de los defensores que trabajan en los territorios más amenazados por intereses extractivistas y que ponen en riesgo a las poblaciones y sus recursos»
El fiscal general, Johel Zelaya, informó que se investigara el caso: “No nos vamos a dejar llevar por redes sociales ni discursos, vamos a investigar y vamos a llegar al verdadero criminal”, aunque muchos dudan de que un sistema judicial plagado de corrupción logre identificar y castigar a los responsables.
https://www.elpais.hn/fiscal-general-vamos-a-llegar-al-verdadero-criminal-de-juan-lopez
La presidenta Xiomara Castro tambièn reaccionó sobre el asesinato de Juan López es un paso significativo en la visibilización de la violencia que enfrentan los defensores ambientales en Honduras. Al anunciar que ha ordenado a las fuerzas del orden utilizar toda su capacidad investigativa para esclarecer el crimen, se abre la puerta a la esperanza de que se tomen acciones concretas.
La embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, habló el asesinato de Juan López y su llamado a una investigación oportuna y transparente subraya la importancia de la comunidad internacional en la lucha por la justicia en Honduras. Este tipo de presión externa puede ser fundamental para que las autoridades locales actúen con seriedad y determinación ante la creciente violencia contra defensores ambientales.
Redactado por: David Ariel Ortiz Rovelo