En 2023 se presentó la Ley de Justicia Tributaria al pueblo para su discusión y aprobación
La Ley de Justicia Tributaria causó debate tanto en la oposición como en el oficialismo; no obstante, ha recibido un respaldo por los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario (FMI) y el Banco Mundial.
Tegucigalpa, Honduras. La ley de Justicia Tributaria presentada ante el Congreso Nacional tiene por objetivo la fiscalización del Estado a los generadores de riquezas privados y públicos en Honduras.
La propuesta con más de un año sigue sin contar con la cantidad de votos por mayoría simple (65) que son los necesarios para su aprobación y entrada en vigor. La normativa contempla varios artículos y crea motivos de debate entre diferentes sectores.
Propuestas de la Ley de Justicia Tributaria
La ley intenta crear un sistema tributario más justo y equitativo por medio de la eliminación de las exoneraciones fiscales en gobiernos anteriores, argumentando su beneficio sobre las élites y grandes empresas, fomentando la evasión fiscal y la desigualdad en las clases sociales del país.
Plantea la derogación de leyes que favorecen las exoneraciones, entre ellas la Ley de Zonas Libres, la Ley de Promoción de la Alianza Público-Privada y la Ley para la Promoción y Protección de Inversiones, entre otras.
Propone la creación de dos nuevos regímenes de incentivos fiscales: el Régimen de Incentivos para las Inversiones para el Desarrollo (RINDE) y el Régimen de Zonas Francas. Para que algunas empresas paguen menos impuestos por un tiempo limitado de 10 años máximo, esto para desarrollar la industria nacional y atraer inversión extranjera.
También buscará combatir la evasión fiscal por medio de la eliminación del secreto bancario para fines tributarios en el nuevo Código Tributario. En su artículo 72, numeral 4, establece requisitos de información que en la práctica impiden al Servicio de Administración de Rentas (SAR) acceder a información bancaria para constatar la evasión de impuestos.
Y por ello presenta el intercambio de información tributaria con 146 países mediante la ratificación de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAAC).
Ante esto, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Cohep) se pronunció ante las propuestas de la normativa tributaria como amenazadoras a la inversión, la competitividad y el respeto a los derechos de los contribuyentes.
COHEP
Para el Cohep esto significaría una disuasión a la inversión tanto nacional como extranjera. Así como una afectación a la competitividad de Honduras, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). Al obligarlas a asumir el costo del impuesto y luego solicitar una devolución, lo que implica un proceso lento e incierto.
La creación del régimen RINDE no se adapta a las necesidades de las MIPYMES y podría resultar poco atractivo para la inversión extranjera, limitando las oportunidades de crecimiento. Además, alega por los derechos y garantías constitucionales, ya que viola el derecho fundamental a la presunción de inocencia consagrado en la Constitución de la República.
Sostiene que la reforma al secreto bancario suscita graves preocupaciones en relación con la privacidad y la confidencialidad de la información de los contribuyentes. Y restringe el derecho de petición, un derecho constitucional fundamental.
Valoraciones del sector económico
“Si se aprueba … Se estarían eliminando estas exoneraciones e incentivos fiscales. Por lo tanto, desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, creemos que eliminar estas exoneraciones simple y sencillamente estaría encareciendo la vida de los hondureños”. Manifestó Alejandro Kaffati, oficial de política económica del Cohep.
Añadió que la ley afectaría diferentemente la calidad de vida de los hondureños. Haciendo un llamado al poder Legislativo para que analicen la realidad y tomen las mejores decisiones por la ciudadanía.
Así también el expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortes (CCIC), Eduardo Faccuse, se pronunció: “Lo que se tiene que hacer es sancionar a los que han abusado de los regímenes, no eliminarlos”.
Otros analistas temen el nivel de información que tendrá en apertura el Gobierno.
Posturas
“Sabemos que el gobierno tiene bastante interés por el tema de conocer varios puntos que se establecen en la ley, tanto para eliminar los regímenes que están vigentes como para acceder a información de secreto bancario de los diferentes beneficiarios. Puede haber diferentes intereses ocultos, supuso Miguel Villatoro, investigador del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
A pesar de la oposición en los sectores del país, aún existen algunos que persisten en la aprobación del proyecto de ley.
“… Cuando yo les digo que reclamemos y que pidamos que se apruebe la ley de Justicia Tributaria, es precisamente para que los que más ganen paguen sus impuestos”, reiteró la presidenta Xiomara Castro en una visita del nuevo hospital en Salamá, Olancho.
El economista y asesor económico del Congreso Nacional, Claudio Salgado, declaró su posición como experto en el tema: “Creo que el objetivo fundamental de la Ley de Justicia Tributaria es ordenar, simplificar o modificar toda la legislación que existe sobre las exoneraciones fiscales»
Enfatizo que la desinformación que rodea el proyecto de ley se debe a que “a las elites y a los grupos de poder no les gusta pagar impuestos”.
Entre 2017 y 2022, las deudas tributarias aumentaron en 242%, alcanzando los 2,300 millones de lempiras, y entre junio de 2009 y diciembre de 2022 se otorgaron 451,400 millones en exoneraciones y exenciones, un 116% del total de la deuda pública en 2022.
Por ello, el estado plantea la ley para construir un sistema tributario más justo y equitativo y tratar de evitar que Honduras sea declarado paraíso fiscal y sirva de guarida de capitales ilícitos. Pero otros sectores consideran analizar la propuesta por el bien de la economía nacional.
Camila Maria Santos Martinez