La ley de justicia tributaria busca un sistema fiscal más justo, pero el sector privado alerta sobre aumentos en el costo de vida y pérdida de competitividad
Tegucigalpa, Honduras – La Ley de Justicia Tributaria, impulsada por el gobierno de Honduras, está generando un intenso debate entre las autoridades y el sector empresarial, desde que se propuso en el Congreso Nacional el pasado 15 de octubre.
Mientras que el gobierno asegura que las reformas propuestas harán el sistema tributario más justo y transparente, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) advierte sobre consecuencias negativas para la economía del país.
Reformas clave de la Ley de Justicia Tributaria
Entre los principales cambios propuestos destaca la eliminación de exenciones fiscales en regímenes como las Zonas Libres (ZOLI), las zonas Industriales de Procesamiento (ZIP) y el Regimen de Importación Temporal (RIT), con el objetivo de redistribuir la carga tributaria y evitar privilegios desiguales.
Así mismo, la creación de nuevos incentivos fiscales como el Régimen de Incentivos para el Desarrollo (RINDE) y el Régimen de Zonas Francas, con controles más estrictos y un plazo mínimo de 10 años.
De la misma manera se plantea el cambio del principio de renta territorial a mundial, esto para que residentes en Honduras paguen impuestos sobre ingresos obtenidos en el extranjero.
Y por último, la eliminación del secreto bancario, facilitando el acceso de la administración tributaria a información financiera para combatir la evasión fiscal.
El gobierno sostiene que estas medidas fomentarán la transparencia y la progresividad tributaria, garantizando que quienes tienen mayores ingresos contribuyan en mayor proporción al sistema fiscal.
Postura del COHEP
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) desde mayo del 2023 ha manifestado su oposición a varias disposiciones de la ley, señalando posibles consecuencias.
Aumento del costo de vida
La organización estima que la eliminación de exenciones fiscales podría causar un incremento en los precios de productos básicos, afectando directamente a las familias hondureñas.
Pérdida de competitividad
Del mismo modo, afirman que la reforma dificultará la atracción de inversiones extranjeras y reducirá la generación de empleos, afectando el crecimiento y desarrollo económico del país.
Cargas fiscales elevadas
Según el COHEP, la ley no incluye medidas para reducir impuestos existentes, lo que aumenta la presión sobre las empresas y el sector privado.
Falta de incentivos para la formalización
Además, critican que no se contemplan mecanismos efectivos para incorporar al sector informal a la economía formal, perpetuando la desigualdad.
El COHEP sostiene que algunas medidas de la reforma son ambiguas y discriminatorias, afectando derechos como la libertad de empresa.
Por lo que el director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, expresó críticas contundentes hacia la Ley de Justicia Tributaria durante una conferencia de prensa.
“Realmente lo que se pretende no es atraer inversiones al país, sino alejarlas. Lo que se pretende no es generar empleo, sino eliminar los puestos de trabajo formales que tiene actualmente el país”, declaró Urtecho.
Solución planteada por COHEP
Ante el debate sin cesar, el COHEP propone reducir el impuesto sobre las ventas como una medida para aliviar la carga fiscal sobre las familias y fomentar el consumo, instando al gobierno a establecer políticas que fortalezcan la competitividad y promuevan la formalización empresarial.
Presidenta hace un llamado al Congreso Nacional
Tras dos meses desde que surgió la discusión entre los legisladores, la Presidenta de la Republica Xiomara Castro solicitó este miércoles al Congreso Nacional la aprobación de la ley.
Resaltó que esta herramienta es fundamental para la reducción de la desigualdad en el país. «El que más gane, que pague más» expresó durante la ceremonia del 199 aniversario de las Fuerzas Armadas.
El debate en torno a la Ley de Justicia Tributaria refleja las tensiones que existen en equilibrar la equidad tributaria con el impacto económico. Tanto el gobierno como el sector empresarial enfrentan el desafío de encontrar un terreno común que beneficie a toda la población hondureña.
Jeshua Dessenov Arias Cerrato