La propuesta del Gobierno busca eliminar regímenes fiscales desnaturalizados y aumentar la recaudación sin nuevos impuestos, pero enfrenta la oposición del sector privado, que teme efectos negativos en la inversión y el empleo.
POR: GUIDO MASS
Honduras vive un momento decisivo en el ámbito económico con la propuesta de la Ley de Justicia Tributaria. Mientras el Gobierno la defiende como un paso crucial para reducir la evasión fiscal y aumentar la equidad tributaria, el sector privado.
Liderado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), expresa profundas preocupaciones sobre sus implicaciones económicas. Este debate ha capturado la atención nacional, con opiniones divididas entre diversos sectores.
El Ejecutivo ha explicado que la ley busca eliminar los abusos en los regímenes de exoneraciones fiscales, concentrados en un pequeño grupo de empresas. Según el Gobierno, durante más de una década, estas exoneraciones no solo representaron un sacrificio fiscal significativo, sino que fomentaron prácticas desleales en el mercado.
Entre las principales propuestas destaca la implementación de auditorías estrictas, la eliminación del secreto bancario y la publicación detallada de las exoneraciones fiscales otorgadas.
Por otro lado, el Cohep, organización que representa a 70 sectores productivos del país, ha señalado que estas reformas podrían generar incertidumbre en la economía nacional. Una de sus principales preocupaciones es la falta de un análisis de impacto que contemple los efectos positivos y negativos de las medidas.
Además, el Cohep ha alertado que eliminar regímenes fiscales sin ofrecer alternativas claras podría reducir la competitividad del país frente a sus vecinos en Centroamérica.
El economista Juan Carlos Martínez, consultado en exclusiva, afirmó que la propuesta aborda problemas estructurales del sistema tributario hondureño, como la evasión y el desvío de ganancias a paraísos fiscales.
Sin embargo, advierte que: “Una implementación apresurada podría tener consecuencias adversas, especialmente en sectores clave para la inversión extranjera y la generación de empleo.” Esto refuerza los llamados del Cohep para un diálogo más inclusivo con el sector privado antes de aprobar la ley.
En el Congreso Nacional, las reacciones también han sido mixtas. Mientras algunos diputados oficialistas respaldan el proyecto como una herramienta para fortalecer las finanzas públicas y reducir la desigualdad, sectores de la oposición han pedido más transparencia en el proceso.
También han solicitado que se amplíe el periodo de transición para las empresas que dejarán de recibir beneficios fiscales, argumentando que el cambio podría generar cierres masivos de negocios.
La Ley también introduce el cambio del principio de renta territorial a renta mundial, obligando a las empresas y personas naturales a declarar ingresos generados tanto dentro como fuera del país. Según el Gobierno, este ajuste podría aumentar significativamente la recaudación fiscal.
Sin embargo, algunos expertos cuestionan si el país está preparado para manejar las complejidades técnicas y administrativas que este cambio implica.
Otro punto que ha generado controversia es la eliminación del secreto bancario para fines tributarios. Mientras el Gobierno asegura que esto mejorará la transparencia y permitirá un control efectivo de la evasión, empresarios temen que la medida pueda usarse de forma discrecional para perseguir políticamente a ciertos sectores. Esta desconfianza pone en evidencia la fractura entre el sector público y privado en torno a la reforma.
A medida que el debate avanza, tanto en el Congreso como en los foros públicos, la sociedad hondureña enfrenta preguntas fundamentales: ¿puede la Ley de Justicia Tributaria alcanzar sus objetivos sin afectar el crecimiento económico? ¿Es posible encontrar un equilibrio entre la transparencia fiscal y un clima de negocios competitivo? Las próximas semanas serán cruciales para definir el rumbo que tomará esta reforma y su impacto en el futuro económico del país.