La Ley de Justicia Tributaria busca modernizar el sistema tributario de Honduras, eliminar privilegios fiscales, crear nuevos incentivos y reducir la desigualdad económica.
Honduras. El Congreso Nacional tiene en discusión el proyecto de Ley de Justicia Tributaria, una propuesta impulsada por el Ejecutivo para reformar profundamente el sistema tributario del país. Esta iniciativa busca eliminar beneficios fiscales considerados abusivos, promover la inversión a través de nuevos regímenes, y aumentar la transparencia en la recaudación de impuestos.
Eliminación de privilegios fiscales
La ley plantea la derogación de exoneraciones, incentivos y otros beneficios fiscales otorgados para actividades económicas específicas, como los establecidos en la Ley de Zonas Libres y la Ley de Incentivos al Turismo. Según el texto, los contribuyentes con beneficios vigentes podrán mantenerlos hasta que finalicen, salvo casos de incumplimiento identificados por la Secretaría de Finanzas (SEFIN).
Nuevos regímenes de incentivos
La Ley de Justicia Tributaria propone la creación de dos regímenes:
• Régimen de Incentivos para las Inversiones para el Desarrollo (RINDE): permitirá deducciones tributarias para nuevas inversiones alineadas con las políticas del Estado.
• Régimen de Zonas Francas: diseñado para atraer inversión extranjera, fomentar exportaciones y generar empleo.
Ambos estarán administrados por el Servicio de Administración de Rentas (SAR) y la Administración Aduanera de Honduras (AAH), respectivamente.
Reformas estructurales al Código Tributario
El proyecto incluye la eliminación del secreto bancario para fines tributarios, la adopción del principio de renta mundial y la creación de un Registro Central de Beneficiarios Finales, medidas que buscan fortalecer la fiscalización y combatir la evasión.
Perspectivas divididas
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) expresó en mayo de 2023, su preocupación por los riesgos que plantea la propuesta, argumentando que la eliminación de exoneraciones puede generar incertidumbre, desincentivar inversiones y afectar la competitividad del país. «La falta de análisis de impacto y la discrecionalidad administrativa son graves deficiencias», señaló el organismo.
Por su parte, la directora del SAR, Mariana Ríos, defendió la normativa en noviembre, asegurando que busca «justicia tributaria» y pretende que «los que más tienen paguen lo que corresponde». También destacó que las observaciones del sector privado fueron consideradas en el dictamen presentado al Congreso.
Un llamado al Congreso
La presidenta Xiomara Castro solicitó este miércoles al Congreso la aprobación de la ley, calificándola como una herramienta clave para reducir la desigualdad. «Aquí el que más tiene debe pagar y en este momento no lo están haciendo», afirmó la mandataria, durante la ceremonia del 199 aniversario de las Fuerzas Armadas.
Asismismo, la administración de Castro ha subrayado que la aprobación es fundamental para financiar programas sociales y garantizar un sistema tributario equitativo.
La Ley de Justicia Tributaria representa un esfuerzo por transformar el sistema fiscal del país, pero su aprobación enfrenta tensiones entre las metas del gobierno y las preocupaciones del sector privado.
Carlos Moncada
Estudiante – Licenciatura en Periodismo