El Congreso Nacional está por debatir la Ley de Justicia Tributaria, una propuesta que busca combatir la evasión fiscal, modernizar el sistema tributario y promover la inversión para el desarrollo económico.
Una reforma que divide opiniones
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, solicitó esta semana al Congreso Nacional aprobar la Ley de Justicia Tributaria, destacando su relevancia en el fortalecimiento de la equidad fiscal. En el marco del 199 aniversario del Ejército hondureño, celebrado en Tegucigalpa, la mandataria subrayó la importancia de esta reforma con las palabras del general Roosevelt Hernández: “Congreso Nacional, aprueba la Ley de Justicia Tributaria”.
Por su parte, Rafael Sarmiento, presidente de la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), anunció en noviembre que el proyecto, tras más de seis meses de socialización, está listo para ser discutido en el pleno. “Creemos que es momento de empezar a discutirla”, expresó Sarmiento, quien enfatizó el amplio proceso de consulta realizado con diversos sectores.
Principales objetivos de la propuesta
La Ley de Justicia Tributaria plantea una transformación estructural con medidas clave:
1.Derogación de exoneraciones: Se eliminarán los regímenes fiscales actuales, como las Zonas Libres (ZOLI), considerados responsables de fomentar la competencia desleal y desincentivar la inversión extranjera. Sin embargo, las empresas beneficiadas podrán mantener los incentivos hasta su expiración, salvo decisión contraria de la Secretaría de Finanzas (SEFIN).
2.Nuevos regímenes de incentivos:
Se crearán dos modelos
•RINDE (Régimen de Incentivos para las Inversiones para el Desarrollo): Ofrecerá deducciones tributarias por cinco años para nuevas inversiones.
•Zonas Francas: Incentivará exportaciones y empleo con exenciones fiscales por diez años, renovables.
3.Fortalecimiento de la administración tributaria: La SEFIN podrá cancelar beneficios fiscales en caso de abusos y accederá a información bancaria para combatir la evasión fiscal. Además, se publicará un registro anual con detalles de los beneficiarios de exoneraciones.
Críticas del sector empresarial
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) ha expresado su preocupación por los riesgos que la reforma podría implicar:
-Impacto en la inversión: La derogación de exoneraciones y la discrecionalidad para cancelarlas crean incertidumbre y podrían paralizar nuevas inversiones.
-Violación de derechos: La eliminación del secreto bancario y el acceso ilimitado a información personal vulneran garantías constitucionales, según el COHEP.
-Daño económico: La ley podría afectar la competitividad del país y provocar pérdida de empleos, advirtió el organismo.
Expectativas y próximos pasos
El Congreso Nacional deberá buscar consenso para garantizar la aprobación de esta ley, considerada por el Ejecutivo como esencial para modernizar el sistema tributario y promover el desarrollo económico. Mientras tanto, la sociedad hondureña se mantiene expectante frente a una propuesta que promete transformar profundamente el panorama fiscal del país.
Kimberly Garcia.
Estudiante de Periodismo.