El fiscal general hizo pública una nueva ordenanza para combatir la corrupción y los delitos del narcotráfico asociados a casos de extradición
Narcotráfico investigado debido a las acusaciones en el juicio de Midence Oquelí, y fiscalía busca llevar ante la justicia a todos los involucrados. Cortesía: Diario El País Honduras
Tegucigalpa, Honduras. Johel Zelaya, fiscal general, se pronunció después de que se dieran a conocer los eventos en la audiencia probatoria el 12 de diciembre del exdiputado Midence Oquelí Martínez en la Corte de Nueva York para recopilar información relacionada a políticos hondureños mencionados durante el juicio.
«He ordenado a un equipo de fiscales viajar a Estados Unidos para recopilar información relacionada con la mención de políticos hondureños durante la audiencia contra el exdiputado Midence Oquelí Martínez Turcios en la Corte del Distrito Sur de New York». Informó Zelaya, a través de cuenta en X.
Amplio, mencionando que es una misión que se realizará con el fin de abrir una nueva línea de investigación que les permita conocer la verdad sobre los hechos mencionados.
“No debemos permitir que el dinero proveniente de actividades ilícitas sea utilizado para comprar conciencias, al punto de influir en la elección de altos cargos en el país”, puntualizó Zelaya.
Funcionarios mencionados
Durante la audiencia del exdiputado liberal, el “Cachiro” Devis Rivera Maradiaga desveló una serie de datos relacionados con sobornos millonarios, tanto a funcionarios de altos cargos como en otras posiciones dentro del gobierno.
Como evidencia se presentó el narco video el 28 de agosto de 2024 de las reuniones relacionadas con actividades ilícitas, donde aparecía el exsecretario del hemiciclo Carlos Zelaya, hermano del expresidente Manuel Zelaya Rosales y cuñado de la actual presidenta Xiomara Castro, negociando sobornos por 250,000 dólares.
También, se mostró el fragmento de video donde se nota la participación del diputado Víctor Sabillón y exfuncionarios como Fredy Nájera y el acusado, Midence Martínez. De acuerdo a sus declaraciones, la reunión se organizó para designar a Mauricio Oliva como presidente del Congreso Nacional, con el objetivo de asegurar protección política para las operaciones ilícitas del cártel.
Así mismo, confesó haber sobornado a otras personas, entre jueces, fiscales, abogados, militares y policías. Las pruebas se manejaran bajo estricta secretividad hasta el 2025.
Camila Maria Santos Martinez